Un juez, dos exjueces y dos civiles no fueron objeto de medida de aseguramiento. Un juez, en segunda instancia, resolverá la apelación interpuesta por la Fiscalía.
Ante un juez de segunda instancia se resolverá el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, por la no imposición de la medida de aseguramiento contra cinco personas señaladas de supuestas irregularidades en un proceso de sucesión en Cali (Valle del Cauca).
Luego de cinco días de audiencias concentradas el Juzgado 29 de control de garantías, aunque impartió legalidad a las capturas, allanamientos, interceptaciones, vigilancias y avaló la formulación de cargos de la Fiscalía, contra los hoy imputados, determinó que no era necesaria una medida de aseguramiento para Ricardo Estrada, juez 9 de familia; Guillermo Arias Marín y Marco Aurelio Calle Rojas, exjueces 10 y 4 de familia; así como a las hermanas Sonia y Margarita Zúñiga Caicedo. Sin embargo, estas personas continúan vinculadas al proceso. El juez Estrada continúa bajo detención domiciliaria por otros hechos.
Aunque el juez reconoció la gravedad de los hechos y que sí había inferencia razonable sobre la posible comisión de los delitos, posteriormente adujo que faltaba más por investigar.
Para la Fiscalía, el sólo hecho de reconocer la existencia de inferencia razonable de autoría y además de cumplirse varios de los fines constitucionales, eran entre otros, suficiente argumentos para imponer medida de aseguramiento.
Según interceptaciones presentadas por el fiscal del caso Estrada, quien estando en detención domiciliaria, sería quien continuaba con acciones de manipulación de testigos, mandaba a borrar archivos que quedaron en el computador, así como obtener elementos probatorios del despacho del juzgado 20 de familia.
Miembros de la Dijin de la Policía Nacional capturaron a los hoy procesados con orden judicial, el 7 de noviembre último.
De acuerdo con la investigación, coordinada por un fiscal delegado ante el Tribunal Superior de la capital vallecaucana, los hoy capturados se habrían puesto de acuerdo para la comisión de conductas ilícitas que permitirían apoderarse de la totalidad de unos bienes, dentro de un proceso de sucesión que involucra 11 inmuebles ubicados en zonas comerciales de Cali y varios bienes muebles que superan los 4 mil millones de pesos ($4.000.000.000).
Según la Fiscalía, al parecer, el Juez Noveno de Familia, quien se encuentra inmerso en un proceso por prevaricato por acción, en otro caso que se adelanta en Bogotá, gozaba de detención domiciliaria y, al parecer, desde su residencia seguía reuniéndose y orquestando conductas ilícitas dentro del actual caso de sucesión, como presunto determinador.
En desarrollo de las audiencias preliminares, la Fiscalía les formuló cargos por los delitos de prevaricato por acción, constreñimiento ilegal, fraude procesal, entre otros.
La audiencia de apelación se llevará a cabo en los próximos días según la agenda de los jueces del circuito de Cali.
La Fiscalía General de la Nación publica esta información por considerarla de interés general.
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