Entre los involucrados se encuentra un alto directivo de una multinacional de productos nutricionales.
Ante un juez penal del circuito de conocimiento, la Fiscalía General de la Nación apeló la libertad concedida a 4 personas, entre ellas un mayor del Ejército Nacional y un empresario, vinculados penalmente a un proceso por el presunto secuestro de tres menores de edad.
Los investigados son: el empresario comerciante Sócrates de Jesús Valencia Rojas, el mayor del Ejército Édison Ovalle Romero, los particulares Gustavo Medina, quien al parecer se hacía pasar como abogado, y Jefferson Padilla, quien supuestamente se hizo pasar por juez de la República.
Los hechos acaecieron el 17 de diciembre de 2015 en la finca La Conga, en Dosquebradas (Risaralda), lugar a donde llegaron siete militares activos armados junto a dos civiles, con el fin de recuperar por vías de hecho un predio adquirido por el comerciante.
Se presume que los dos civiles se hicieron pasar uno como abogado y el otro como un juez, porque supuestamente encabezaban una diligencia judicial de desalojo.
“El Ejército no tenía nada que hacer en ese lugar, no tenía que incurrir en un acto ilegal, fue un acompañamiento ilegítimo porque no tenía órdenes ni autorización”, indicó el fiscal al referirse a los uniformados adscritos a batallón San Mateo del Ejército en esta región del país.
“Para la Fiscalía persisten los factores de razonabilidad y proporcionalidad para restringir la libertad a estas personas, por el respeto a la protección de los elementos de prueba y además, la protección a la comunidad en donde tienen arraigo los procesados, es decir Dosquebradas (Risaralda)”, agregó el fiscal al sustentar la apelación por la no imposición de la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Sostuvo que la privación de la libertad los obliga a que acudan a las audiencias, y aún más cuando resulta probable, como en este caso, que no vayan a comparecer a las citaciones judiciales, por la gravedad de los delitos y por tratarse de personas de las que se infiere son peligro para la sociedad.
En juicio, los procesados deberán responder por los delitos de secuestro simple agravado en concurso con concierto para delinquir y cohecho. Para el mayor del Ejército, el ente acusador también le endilgó los delitos de empleo ilegal de la fuerza pública y concusión.
CMRM/DLBM
