Tras la decisión de un juez de control de garantías de Barranquilla (Atlántico) que se abstuvo de dictar medida de aseguramiento contra Juan Pablo González Rosales, representante legal de la empresa JPG & CIA, por su presunta responsabilidad en delitos contra el orden económico y social en Quindío, la Fiscalía interpuso recurso de apelación, puesto que había solicitado la detención intramuros.
El ente acusador le imputó cargos al procesado, quien fue capturado en Barranquilla el pasado 11 de marzo, por concierto para delinquir agravado con fines de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, en concurso heterogéneo sucesivo y simultáneo con administración desleal, falsedad ideológica en documento privado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, con circunstancias de mayor punibilidad por tratarse de dineros de uso público.
Los hechos
En 2014 la empresa Injomar, que solo tenía el 0.01 % de las acciones de Multipropósito SAS ESP de Calarcá (Quindío), operador de acueducto, alcantarillado y recolección de basuras, adquirió el 60% por medio de un crédito concedido por un grupo constituido por tres empresas. Así, ese mismo grupo empresarial prestó una suma de $2.400 millones a Injomar por un término de un mes, pero el pago no fue saldado.
Es así como a Jorge Arturo Sanabria Sánchez, quien ya murió y tenía el control de Injomar, se le iniciaron en el año 2014 dos procesos en un juzgado de Bogotá que generaron el embargo y secuestro de las acciones de la empresa que encabezaba.
Al parecer, para respaldar esa deuda implementó una supuesta planta de tratamiento residual Petar en 2015 en Calarcá haciendo una licitación privada e invitando a tres empresas dentro de las cuales salió beneficiada la de Juan Fernando Botero Botero, quien ya murió.
En ese mismo año Botero Botero se asoció con el hoy imputado Juan Pablo González Rosales, representante legal de la empresa JPG & CIA a quien se le asignó el 60% del contrato para realizar la Petar de Calarcá.
Multipropósito contaba con una fiducia para administrar todo el recaudo de los dineros, por lo que a través de un otrosí al contrato de fiducia, Sanabria Sánchez supuestamente hizo ampliaciones del cupo de endeudamiento por un valor de $12.611.942.043 destinados a la Petar.
Milton Moreno Lemus, judicializado a finales de 2019, al ser interventor de Multipropósito, fue nombrado como contratista de la obra, lo cual se presume aprovechó para generar unos estudios falsos en un terreno inexistente del municipio para la Petar y al parecer fue quien aprobó que otro de los empresarios implicados pasara una cuenta de cobro por un valor $3.783’582.613 como concepto del anticipo del 30% de ese contrato.
Para la consignación del anticipo de obra fueron creadas dos cuentas en el Banco de Bogotá de Armenia y una de las personas con firmas autorizadas para realizar desembolsos y movimientos de las mismas fue Catherina Díaz Quiroz, jefe de control interno de Multipropósito y ya judicializada, quien al parecer hizo movimientos bancarios con los $ 3.783.582.613 y le consignó a González Rosales $ 600.000.000.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
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