Se trata de tres hombres que durante dos años, mediante una empresa fachada y dos modalidades de engaño, habrían cometido el ilícito.

Ante la cantidad de denuncias que reflejaban el mismo modo de operación, la Fiscalía asoció varios casos y estableció la existencia de una estructura criminal, presuntamente integrada por los hermanos Cristian Luciano y Giovanny Alberto Chaparro Báez, así como el abogado Ariel Vargas Cely, la cual fue desarticulada por el CTI.

Mediante labores investigativas, el ente acusador determinó que estas personas al parecer crearon una empresa fachada para estafar a habitantes de Duitama (Boyacá), bajo dos modalidades de engaño.

En la primera de ellas, supuestamente contactaban a personas naturales para solicitarles millonarios préstamos que luego se negaban a pagar.

El otro ardid era buscar personas con vehículos particulares, especialmente camionetas tipo 4×4, a quienes al parecer les proponían otorgarles millonarios contratos con petroleras para trasporte de personal; sin embargo para poder acceder al contrato primero debían realizar, entre otras operaciones, el traspaso del automotor a la empresa fachada que después pasaba a ser la única propietaria del bien.

Con este tipo de estafa y sumados los dineros aparentemente apropiados mediante préstamos de personas naturales, la organización criminal habría recaudado cerca de $1.500 millones.

Los investigadores evidenciaron que los hermanos Chaparro Báez ejercían como representante legal y subgerente, respectivamente, mientras que el reconocido abogado del citado municipio boyacense era el representante legal de la empresa fachada.

En la audiencia de judicialización, tras sus capturas por parte del CTI de Tunja, el fiscal delegado de la Seccional Boyacá que adelanta el proceso imputó cargos contra Cristian Luciano Chaparro Báez y Ariel Vargas Cely, por los delitos de estafa agravada y concierto para delinquir.

El primero aceptó cargos ante la contundencia del material probatorio recaudado en su contra y, aunque la Fiscalía solicitó la medida de detención domiciliaria, el juez se abstuvo de imponerla y le concedió la libertad, pero continúa vinculado a la investigación. Entretanto, el abogado no admitió su responsabilidad y fue cobijado con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, por el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de Duitama.

Se estableció además que Vargas Cely cuenta con siete anotaciones por delitos como fraude procesal, daño en bien ajeno, falsedades y violencia intrafamiliar.

Por su parte, el indiciado Giovanny Alberto Chaparro Báez deberá presentarse para audiencia de imputación el próximo 19 de noviembre.

La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.

 

 

MRB/DLBM