Con la captura y judicialización de cinco personas, la Seccional Risaralda de la Fiscalía desarticuló la organización delincuencial Special K, presuntamente, responsable de comercializar drogas sintéticas en Pereira y Dosquebradas (Risaralda).
Los argumentos presentados por un fiscal de la Seccional permitieron que un juez de control de garantías de Pereira cobijara con medida de aseguramiento privativa de la libertad a cuatro de los implicados; uno más, fue dejado en libertad.
Labores de policía judicial evidencian que los implicados, al parecer, se hacían pasar por disc jockeys y organizadores de eventos que se desarrollaban en lugares clandestinos, donde aprovechaban para distribuir ‘tucibi’ y otras sustancias cuyos insumos, presuntamente, provendrían de Nariño. Las drogas ilegales, supuestamente, eran además distribuidas en bares y discotecas de Pereira y Dosquebradas (Risaralda).
Los capturados son: Daniel Arrieta Osorio, alias ‘Coco’; Jhon Faber Peláez Sanz, alias ‘Austin’; Óscar Julián Ramírez Vélez, alias ‘Nigga’; Luisa Fernanda Hurtado Cortés, alias ‘La Modelo’ y Verónica Quintero Gutiérrez, alias ‘Vero’.
Los tres hombres fueron capturados, en cumplimiento de una orden judicial el 29 de marzo en Dosquebradas y Pereira (Risaralda). Las dos mujeres fueron aprehendidas en flagrancia. Los implicados fueron imputados como presuntos responsables de los delitos de tráfico fabricación o porte de estupefacientes. Los cargos fueron aceptados por cuatro de los implicados.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
CLCG/MAGA/JHM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
