La red estaba compuesta por nueve personas dedicadas a transportar y comercializar partes para armas de fuego de gran calibre y de uso exclusivo de las fuerzas armadas, a través de encomiendas en rutas de buses o con correos humanos. Todos los procesados fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad.

Los presuntos delincuentes ofrecían y comercializaban armas de guerra como fusiles y ametralladoras M-60. Para ocultarlas, las embalaban en artículos grandes que no despertaran sospecha. En algunos casos usaban patas de mesas plásticas para ocultar cilindros y componentes grandes de armamento de largo alcance, mientras que las partes menores eran transportadas por mujeres dentro de su vestuario.

La investigación estableció la posible participación de los procesados en los delitos de tráfico de armas y concierto para delinquir, pues a través de la interceptación legal de comunicaciones quedaron en evidencia las conversaciones sobre temas de adquisición, transporte, consecución de correos humanos, embalaje de las partes de armas y, en ocasiones, sobre instrucciones para el armar los fusiles junto con las características de cada arma.

De acuerdo con la información recopilada, la banda también intentó comercializar 500 metros de tela de uniforme camuflado y diez pavas militares.

En los allanamientos realizados fueron incautadas partes de armas y otros elementos, con vocación de prueba, que vinculan a los capturados en los hechos.

La banda

Se presume que los imputados conformaban una estructura delictiva y estaban ubicados en distintas ciudades del país; además sus nexos les permitían adquirir y trasladar el material bélico a cualquier lugar.

Los investigadores determinaron también que uno de sus posibles integrantes era desmovilizado de las Farc y aceptado por la JEP en los procesos de reinserción.

Según su aparente responsabilidad, el ente acusador les imputó cargos por tráfico, porte y fabricación de armas de fuego, y concierto para delinquir a los presuntos miembros de la banda:

  1. Luis Horacio López Calle
  2. Álvaro Santiago Suárez
  3. Jaime Armando Garzón Romero
  4. Edwin Alberto Peñuela Chalá
  5. Elizabeth Ortíz Tobón
  6. Fredesvinda Romero Aldana
  7. Robinson Torres Romero
  8. Mayerly Silva Gómez

Los cuatro primeros fueron judicializados en calidad de autores, no aceptaron cargos y el juez dispuso para ellos el cumplimiento de la medida en centro carcelario. Por su parte, las cuatro últimas personas admitieron su responsabilidad en los mismos delitos y fueron beneficiadas con detención domiciliaria.

De otro lado, la novena posible integrante de la red es una mujer capturada en el Eje Cafetero en flagrancia transportando partes de un arma en un bus de servicio público.

La Fiscalía también conoció que Álvaro Santiago Suárez, Luis Horacio López Calle y Jaime Armando Garzón, en los registros de Interpol, tienen condenas por las conductas punibles que les fueron imputadas en esta ocasión.

La Fiscalía continua investigando la procedencia de las partes de la armas y quienes son las personas que adquirían el material de guerra. Hay indicios de que exfuncionarios de guarniciones militares y policivas estarían vinculados con la red.

La Fiscalía hace pública esta información por considerarla de interés general.

 

LAGP/DLBM