Los exfuncionarios recibieron penas entre cuatro y seis años de prisión.

La Fiscalía logró las primeras condenas de la operación denominada ‘Díez… por Ciento’, que puso al descubierto irregularidades en el manejo de los recursos que por valorización recaudó la Alcaldía de Armenia en 2014, y evidenció el favorecimiento de un grupo de contratistas para que se quedara con las obras de infraestructura vial en la ciudad.

Sebastián Congote, exgerente de la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia  -EDUA-, y Aura María Saldarriaga, exfuncionaria de la misma entidad, fueron sentenciados a seis años y medio y cuatro años y medio de prisión, respectivamente, luego de aceptar su responsabilidad en los hechos investigados.

Congote fue hallado culpable de los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y concierto para delinquir. El fallo resaltó que el exgerente suscribió contratos interadministrativos a sabiendas de que la EDUA no tenía la idoneidad para ello. De otra parte, Aura María Saldarriaga fue condena por peculado por apropiación y concierto para delinquir.

Antecedentes

Entre marzo y abril del presente año, la Fiscalía logró la captura y judicialización de 13 personas (funcionarios, intermediarios y contratistas) vinculadas a las investigaciones por el presunto direccionamiento irregular de los planes de desarrollo vial de Armenia a un grupo específico de constructores.

En las indagaciones, la Fiscalía constató que la exalcaldesa, Luz Piedad Valencia Franco (2012-2015), obtuvo del concejo municipal aprobación para realizar cobros de valorización y así financiar obras como puentes y vías, entre otras. Asimismo, la entonces mandataria expidió un acuerdo con el que facultó a las distintas secretarías del despacho para realizar contrataciones directas o procesos contractuales con absoluta independencia.

Ese aparentemente marco administrativo y legal habría servido para que el constructor Fernando Díez Cardona y Francisco Javier Valencia Salazar, esposo de la exalcaldesa, pactaran que toda la contratación de las obras por valorización en Armenia, que ascendía a $111.262’735.728, quedara en manos de dos uniones temporales, en las que figuraban las empresas de Díez Cardona y algunos de sus socios.

El acuerdo presuntamente se pactó con una entrega inicial de $300’000.000 y el pago de dádivas que correspondían al 10% del valor total de los contratos, cerca de $12.000’000.000 desembolsados en efectivo, que supuestamente salieron de los anticipos reconocidos a los constructores.

Adicionalmente, las indagaciones pusieron al descubierto que todos los contratos fueron formalizados sin que mediaran los diseños previos, los cuales fueron realizados posteriormente por los constructores de las obra. Igual situación habría ocurrido con las interventorías, que quedaron en manos de empresas conformadas por los contratistas.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por razones de interés general.

PAAM/JARG