Cuatro de los hoy imputados aceptaron los cargos formulados por la Fiscalía.
En desarrollo de las audiencias preliminares, un juez de control de garantías acogió la petición de la Fiscalía General de la Nación e impuso medidas de aseguramiento intramural y domiciliarias a cinco presuntos integrantes de la estructura delictiva los Cilantreros, dedicada a la extorsión en la plaza de mercado de Tuluá (Valle del Cauca).
Según la Fiscalía los presuntos integrantes de la estructura serían los responsables de hacer exigencias económicas a comerciantes de cilantro y cebolla quienes tienen negocios en la galería central del municipio Corazón del Valle.
Las labores investigativas le permitieron a la Fiscalía solicitar las respectivas órdenes de captura, que emitidas por un juez de control de garantías, para hacerlas efectivas la semana pasada por miembros del Grupo Gaula de la Policía Nacional.
Los capturados y hoy imputados son: Víctor Alfonso Marín Muriel, alias Chepe; Fernando Fernández Victoria, alias Chatarra; Jorge Julio Naranjo Valencia, alias Papá Pitufo; Yensi Lorena Murillo Mayorga, alias Yensi y Víctor Julián Naranjo Segura, alias Julián.
Los cargos
Los siguientes son los delitos que le fueron imputados por la Fiscalía a cada uno de los implicados.
A Víctor Alfonso Marín Muriel, alias Chepe: concierto para delinquir agravado, especulación, desplazamiento forzado y constreñimiento. No aceptó los cargos, y deberá cumplir la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
A Fernando Fernández Victoria, alias Chatarra: concierto para delinquir y especulación. Aceptó los cargos y deberá cumplir la medida en su lugar de residencia.
A Jorge Julio Naranjo Valencia, alias Papá Pitufo; Yensi Lorena Murillo Mayorga, alias Yensi y Víctor Julián Naranjo Segura, alias Julián: concierto para delinquir. No serán privados de la libertad pero continúan vinculados al proceso.
Por esos mismos hechos, la Fiscalía judicializó, en diciembre del año 2017, a otros 14 presuntos integrantes de la misma estructura delictiva quienes se encuentran privados de la libertad y su bienes (5 bodegas y 3 vehículos) fueron objeto de extinción del derecho de dominio. Dichos bienes están avaluados en 300 millones de pesos
La Fiscalía General de la Nación publica esta información por considerarla de interés general.
MAP/MAGA
