Con media de aseguramiento privativa de la libertad fue cobijado un hombre por decisión de un juez de control de garantía, quien acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación, como presunto responsable de agredir y amenazar de muerte a su esposa y a su hijo menor de edad, en el municipio de Tuluá (Valle del Cauca). 

El ilícito se registró el 30 de mayo de 2018, durante una supuesta discusión entre el hoy imputado y su pareja sentimental, en una vía pública del municipio en mención.

Según la Fiscalía, el procesado al parecer atacó a golpes y con un machete a la mujer y al menor.  Al mismo tiempo, los habría amenazado de muerte.

Las labores investigativas y los elementos materiales probatorios recaudados por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Valle del Cauca, con el apoyo de la Policía Nacional, permitieron establecer la plena identidad del supuesto implicado, por lo que el fiscal del caso solicitó orden de captura en su contra, la cual se hizo efectiva el 16 de febrero pasado,

En las audiencias preliminares, la Fiscalía le formuló imputación de cargos por el delito de violencia intrafamiliar. 

Lo anterior, responde al cumplimiento de la estrategia de esclarecer los hechos en los que se atenta contra la integridad de las mujeres, niñas, niños y adolescentes para proteger sus derechos enmarcados dentro de los lineamientos del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, en su política institucional “En las calles y en los territorios”.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados. 

MAP/SMLR/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.