Ya son 14 personas las judicializadas por su presunta participación en una red señalada de favorecer con fallos a personas vinculadas a procesos penales. En las últimas horas, se entregó al CTI de la Fiscalía de Cali el director de la cárcel de Guapi (Cauca).
Por petición de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado 4° de control de garantías de Cali impuso medida de aseguramiento en cárcel contra seis presuntos integrantes de la estructura denominada los Tutelantes, que mediante decisiones judiciales favorecía a personas de alto perfil criminal para que fueran trasladadas de cárceles de alta y mediana seguridad a centros penitenciarios de mínima seguridad en Valle del Cauca y Cauca.
Los seis judicializados son: Ricardo Escobar Rivera, secretario de Gobierno de Miranda (Cauca); Pastor Villafañe, director de la Cárcel de Florida (Valle del Cauca); Carlos Alberto Tobar Rivera, coordinador de la Cárcel de Miranda (Cauca); Cristian Mauricio Salazar Mejía, empleado de la Alcaldía de Florida; Jairo Mondragón Salamanca, secretario del Juzgado Primero Promiscuo de Florida (Valle del Cauca); y Eber Ibarbo Cadena, abogado y exdirector de la cárcel de Florida (Valle del Cauca).
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, prevaricato por acción, fraude procesal, cohecho, y falsedad en documento público y privado.
El reciente lunes, el Juzgado 31 de control de garantías de Cali también aseguró a otras ocho personas vinculadas a las investigaciones, dos de ellas deberán cumplir la medida en el lugar de residencia.
Otro capturado
En las últimas horas se presentó ante el CTI de la Fiscalía Seccional Cali, Teodoro Obregón Paredes, director de la cárcel de Guapi (Cauca), quien tenía orden de captura porque haría parte de Los Tutelantes. Con son 15 los detenidos.
La Fiscalía presentó a Obregón Paredes ante el Juzgado 30 de control de garantías de Cali, y le imputó cargos por los delitos de concierto para delinquir, favorecimiento para fuga y falsedad ideológica en documento público.
Con esta detención son 15 las personas detenidas por estos hechos.
En cumplimiento del plan Bolsillos de Cristal en la administración de justicia, la Fiscalía estableció que, desde el año 2015, los Tutelantes habrían pagado diversas sumas de dinero a funcionarios de varias instituciones del Estado, como despachos judiciales, alcaldías, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y cárceles municipales, para que les facilitaran documentación o les permitieran cumplir con los traslados que ofrecían a diversos procesados y reclusos, que posteriormente recobraban la libertad o no cumplían la pena en las condiciones exigidas por la justicia.
La modalidad utilizada consistía en la presentación de acciones de tutelas con sellos de reparto presuntamente falsos, acreditaciones de vecindad ajenas a la realidad, dictámenes médicos del Instituto Nacional de Medicina Legal con información simulada, cartas espurias por parte de secretarios de Gobierno y directores de cárceles y certificaciones de testigos fallecidos, entre otras estrategias.
Las tutelas, que no ingresaban a través de la oficina de reparto de los Centros de Servicios Judiciales de Cali, eran conocidas directamente por el Juzgado 25 Penal Municipal de control de garantías de esa ciudad. Allí, con el consentimiento del juez y en coordinación con las oficinas de abogados y algunos dependientes judiciales, se concedía el traslado de reclusos de alto impacto criminal o perfiles económicos elevados a cárceles municipales en Florida y Yotoco (Valle del Cauca), Miranda y Guapi (Cauca).
MAP/JARG
