En las indagaciones se constató que pedía hasta $30’000.000 por interceder en el curso de los procesos.

La Fiscalía General de la Nación avanza en su compromiso de luchar contra toda forma de corrupción y retribuir la confianza que los ciudadanos depositan en la administración de justicia. En ese sentido, a finales de 2017, fueron recibidas siete denuncias de personas investigadas por diferentes conductas relacionadas con asuntos económicos y financieros, que alertaron sobre presuntas presiones y exigencias de dinero a cambio de favores judiciales.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con apoyo del grupo de policía judicial, verificó la información y constató que Carlos Eduardo Arévalo Rivera, un investigador del CTI adscrito a la Unidad de Orden Económico, Derechos de Autor y Otros de la Seccional Bogotá, sería la persona relacionada con el caso reportado.

En las indagaciones se pudo establecer que el funcionario, presuntamente, contactaba a diferentes investigados por el despacho al que estaba asignado, los citaba a un restaurante ubicado en un centro comercial del occidente de Bogotá y les pedía entre $5’000.000 y $30’000.00 a cambio de decisiones judiciales favorables como preclusiones, inhibitorios, cambio de fiscal o reasignaciones de procesos.

Por estos hechos, Arévalo Rivera fue capturado y presentado ante un juez de control de garantías de Bogotá. El fiscal de conocimiento le imputó cargos por el delito de concusión y solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario, la cual fue aceptada.

La Fiscalía hace un llamado a la ciudadanía para que no acepte citaciones fuera de cualquiera de las instalaciones de la entidad o que no sean notificadas ni informadas por correo certificado o vía e-mail desde direcciones electrónicas terminadas en: @fiscalia.gov.co.

Con la captura de Carlos Eduardo Arévalo Rivera, son 89 los funcionarios de la Fiscalía detenidos y judicializados por faltar al principio de transparencia y recurrir a comportamientos contrarios a los del servicio de la justicia.

MCRC/JARG