El inmueble sería objeto de extinción de dominio.
Un juez penal con funciones de control de garantías privó de la libertad en centro de reclusión a Carlos Alberto Jaramillo y Ronald Steven Hurtado Moreno, como presuntos autores del delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes que les endilgó la Fiscalía.
Por otra parte, un juez de responsabilidad penal para adolescentes dictó medida de internamiento preventivo en un Centro de Atención Especial en contra de un menor de edad que fue aprehendido junto con Jaramillo y Hurtado.
Estos procedimientos judiciales se efectuaron el pasado 21 de abril en el barrio Mojica II de la Comuna 15, oriente de Cali, donde la Fiscalía Seccional implementó un Laboratorio de Recuperación Zonal y Focalización Integral para golpear las organizaciones criminales dedicadas al microtráfico, la extorsión, los homicidios y el tráfico y porte de armas de fuego.
Servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la unidad Antinarcóticos, con el apoyo de agentes de la Estructura de Apoyo (EDA) y soldados del Batallón de Policía Militar No. 3, realizaron operativos de registro y allanamiento a un inmueble de 3 pisos, ubicado en la calle 80 con carrera 28E, el cual habría sido adaptado como una fortaleza para el almacenamiento y comercialización de estupefacientes.
Al llegar al inmueble, los investigadores se encontraron con las puertas selladas y debieron forzarlas para poder ingresar. En la diligencia judicial se incautaron 206 papeletas con cocaína, 84 cigarrillos de marihuana, tres teléfonos celulares y $92.000, al parecer producto de la venta de los estupefacientes.
La ocupación de la casa se realizó con fines de extinción de dominio.
La Fiscalía habla con resultados.
JGPV/DR/DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
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