Al parecer, el dinero prestado tendría origen ilegal.
Ante la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía en las audiencias de control de garantías, un juez penal dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra 8 presuntos integrantes de la banda Los Prestamistas, señalada de hacer préstamos a personas vulnerables con tasas desorbitantes.
La Fiscalía Seccional les imputó cargos a los asegurados por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir con fines de usura y constreñimiento legal.
Los cobijados con la judicialización son Andy Uverly Montoya; Alberto Córdoba Hoyos; Sorani Ortega Mosquera; Yulieth Sarai Hoyos Velasco; John Fredy Narváez Solano; Daniel Fernando Gutiérrez Ruíz; Heider Henoth Bolívar Ibáñez; y John Alexander Perafán Campo, quienes no se allanaron a los cargos.
De acuerdo con la investigación, la Fiscalía pudo establecer que los 8 imputados integran, presuntamente, una organización criminal dedicados al préstamo de dinero a ciudadanos bajo la modalidad del gota a gota, con altos intereses. Al parecer, las personas que no realizan los pagos oportunamente serían sujetos de amenazas.
Además, el ente investigador evidenció que el dinero de los préstamos tendría como origen actividades de narcotráfico y, presuntamente los préstamos en pequeñas cantidades constituirían una manera de lavar dinero ilícito.
Los 8 asegurados fueron capturados por Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigaciones, CTI, junto con agentes de la Sijin de la Policía Nacional, durante operativos de registro y allanamiento en los barrios Loma de la Virgen, Las Palmas II, Lomas de Granada de esta capital y el barrio Antonio Nariño en el oriente de Cali.
Durante los operativos se incautaron 4 teléfonos celulares, 8 libros contables, 4 cuadernos con información contable, 2 archivadores con cuentas, un computador portátil, una USB, 2 Simcard, letras de cambio, talonarios, y dinero en efectivo, que sería distribuido.
Antes de ser trasladados a la cárcel San Isidro de esta capital, se solicitó a las autoridades penitenciarias y a las de salud revisar el estado médico de los judicializados para garantizar que estén en buenas condiciones para su traslado al lugar de reclusión.
La Fiscalía hace pública esta información por razones de interés general.
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