Con la actividad ilícita, en la que estarían implicados particulares que también fueron capturados, se presume que la red obtenía ganancias cercanas a los $3.000 millones anuales.
La Fiscalía General de la Nación, en el marco del Plan Bolsillos de Cristal, materializó 18 órdenes de captura, de 24 proferidas por un juez de garantías, en contra de funcionarios y exfuncionarios del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) Seccional Cúcuta, así como de particulares, presuntamente implicados en el contrabando de ganado vacuno en pie procedente de Venezuela.
Al parecer, mediante la adulteración de los sistemas de información y documentos públicos para movilizar semovientes, las reses eran distribuidas y comercializadas en frigoríficos y ‘mataderos’ clandestinos en ciudades como Cúcuta (Norte de Santander), Bucaramanga y Floridablanca (Santander); situación que se venía presentando desde el año 2015.
El ente acusador inició la investigación el 31 de marzo de 2017, cuando gracias a la información suministrada por funcionarios del ICA Bogotá, se detectó una serie de irregularidades en la Seccional Cúcuta de esa entidad, específicamente en la Oficina de Movilización Animal, la cual se encarga de expedir las autorizaciones (Guías de Movilización) para el ingreso o salida de ganado, bovinos, bufalinos, equinos, caprinos, cerdos y aves.
Así, mediante labores investigativas como agente encubierto, interceptación de líneas y verificaciones, coordinadas por una fiscalía especializada de la Seccional Norte de Santander, la Dijín y la Sijín evidenciaron la existencia de una estructura conformada por un grupo de servidores públicos que laboran en el ICA Seccional Cúcuta y de particulares que cumplen roles diferentes como vacunadores o intermediarios y supuestos ganaderos, que son finalmente los que se dedicarían al contrabando de ganado, utilizando diferentes predios de la zona rural de Cúcuta y todo el departamento nortesantandereano.
Según la investigación y los hallazgos de la auditoría del ICA, la expedición de guías sanitarias de movilización favorecía el contrabando y abigeato; además se encontró que se habrían adulterado documentos como el Registro Único de Vacunación.
Por otra parte, a través de análisis contable, se logró establecer que esta red delictiva percibía ganancias cercanas a los tres mil millones de pesos anuales ($3.000’000.000).
Los 18 indiciados, a quienes la Fiscalía presentará ante un juez de control de garantías de Cúcuta para la respectiva judicialización, deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, contrabando, cohecho y falsedad ideológica en documento público.
DLBM
