El presunto cabecilla del Clan del Golfo tiene procesos por secuestro y otros delitos
En Carepa (Antioquia) la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Gaula Militar, capturó a Deyver Villadiego Hernández, alias Cristian o Camilo, por delitos de concierto para delinquir agravado, secuestro extorsivo, hurto calificado y actos de terrorismo.
Durante el operativo realizado en el barrio 20 de Julio de Carepa, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de Antioquia le incautó varios elementos hurtados, tales como: una motocicleta de alto cilindraje, varios celulares, un arma de fuego y prendas militares.
Igualmente fue capturado Diego Alejandro Velásquez Ruíz, alias Pollo, por las mismas conductas delictivas.
De acuerdo con la investigación, Villadiego Hernández habría recibido instrucciones del Clan del Golfo, para liderar los disturbios ocurridos el pasado 4 de enero en el Urabá antioqueño, con ocasión de la instalación de los peajes entre los municipios de Chigorodó y Turbo, dejando como resultado un civil muerto y cuantiosos daños materiales.
Por estos hechos fueron imputados por cargos de concierto para delinquir por darse para terrorismo y actos de terrorismo.
Otro proceso por el cual fue imputado Villadiego Hernández tiene que ver con una investigación por hechos ocurridos el pasado 15 de noviembre, en el municipio de Dabeiba, en el mismo departamento, donde un hombre de nacionalidad colombiana y que ejerce como militar en los Emiratos Árabes, se encontraba de vacaciones cuando fue abordado por tres sujetos.
La víctima se movilizaba en su motocicleta de alto cilindraje en compañía de un amigo, por el sector de San Antonio, y los hombres los obligaron a bajar del vehículo, el cual hurtaron junto con los teléfonos celulares, dinero en efectivo, las tarjetas de crédito. Además, los retuvieron durante más de dos horas, exigiéndoles treinta millones de pesos ($30’000.000), a cambio de no atentar contra la vida de sus familiares.
Después del secuestro la víctima se dio cuenta que habían retirado dinero de las cuentas bancarias y comenzó a recibir llamadas telefónicas amenazantes para que no denunciara.
Con base en las pruebas aportadas por la Fiscalía, el juez de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
AMC/DLBM