La Fiscalía vinculó al exsecretario de Hacienda como determinador del desfalco de los juegos nacionales.
En la lucha contra la corrupción que emprendió la Fiscalía General de la Nación, a través del Plan Bolsillos de Cristal, se lograron revelar las irregularidades presentadas en el contrato de diseños de los escenarios deportivos para los XX Juegos Nacionales y IV Paranacionales en Ibagué (Tolima).
Ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esa ciudad se cumplió la audiencia de verificación de preacuerdo en contra de Oswaldo Enrique Mestre Campos, quien fungió como secretario de Hacienda durante la administración de Luis H. Rodríguez en la Alcaldía de Ibagué 2012-2015.
Mestre Campos pactó un preacuerdo con una fiscal de la Unidad de Administración Pública, aceptando así los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación.
Según lo establecido en la investigación, el entonces secretario de Hacienda direccionó el proceso precontractual y contractual de estudios y diseños de los escenarios deportivos citados, así como de la estructuración del proceso de selección del contratista consultor.
Igualmente, permitió que contratistas y terceros arreglaran el pliego con fin de favorecer a la compañía española Typsa y ajustaran las condiciones de la licitación con sendos requisitos para que este fuera el único proponente. De este modo terminaron incumpliendo los principios de igualdad, transparencia, planeación y economía que rigen la contratación estatal con el único fin de beneficiarse con los pagos de anticipos.
Es así como el exsecretario recibió el pago de dádivas por $450 millones, incrementando injustificadamente su patrimonio.
En el preacuerdo la fiscal dio a conocer que el procesado entregó bienes a la Fiscalía avaluados por $450 millones, destinados a la reparación de las víctimas y comprometiéndose a resarcirlas por la afectación causada.
Los bienes están representados en un primer lote ubicado en Nimaima (Cundinamarca) avaluado en $345 millones, un segundo lote en Honda (Tolima) avaluado en $71 millones.
Además, entregará de un título valor de $33 millones a nombre del Imdri (Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué).
El 23 de enero de 2018 se realizará la audiencia de lectura del fallo condenatorio contra el procesado, cuya pena solicitada por la Fiscalía fue de 6 años y 3 meses de cárcel.
CRV/DLBM
