Un fiscal de la Estructura de Apoyo, en articulación con la Policía Gaula de la Metropolitana de Bogotá, logró impactar el grupo delincuencial denominado Los Internacionales, el cual se dedicaba a extorsionar a sus víctimas bajo la modalidad de falsa encomienda.
El pasado 26 de junio se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de siete de los presuntos integrantes, identificados como: Luz Mery Rodríguez Palacio, Nancy Liliana Castro Alape, Luisa Fernanda Cifuentes Zambrano, Germán Camilo Arias Oliveros, Jairo Salazar Prada, Jeymy Andrea Lavado Reyes y Yulieth Xiomara Calderón Lavado.
En audiencias preliminares, la Fiscalía formuló a estas personas imputación por el delito de extorsión agravada. Ninguna aceptó su responsabilidad. Entretanto, un juez con función de control de garantías les impuso medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria.
La investigación
De acuerdo con las indagaciones, los hoy procesados presuntamente se dedicaban a recibir dineros producto de la extorsión en modalidad de falsa encomienda.
Se conoció que desde la Cárcel Modelo de Bogotá se realizaban llamadas en las que se les indicaba a las víctimas que les había llegado una encomienda desde el exterior, enviada supuestamente por un familiar o conocido, dentro de la cual venían dólares o euros, y que con el fin de no librarles orden de captura por lavado de activos, enriquecimiento ilícito, testaferrato o evasión de impuestos, debían consignar diferentes sumas de dinero.
El ente acusador asoció 32 eventos delictivos que se le atribuyen a esta estructura, en los cuales las víctimas tuvieron una afectación patrimonial de aproximadamente $106’700.000.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMFO/GRA/DLBM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
