Los servicios de transporte eran solicitados mediante el uso de plataformas virtuales.
Por solicitud de un fiscal de la Seccional Bogotá, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en contra de nueve presuntos integrantes de la organización ilegal conocida como Los Peliños.
Labores de investigación cumplidas por un fiscal adscrito a la Unidad de Estructura de Apoyo (EDA) evidencian que los capturados habrían estado implicados en, al menos, 13 eventos delictivos durante el presente año.
Acciones de policía judicial señalan a los procesados como los posibles responsables del hurto de varios vehículos que eran requeridos para el servicio transporte de personas. El contacto se establecía a través de reconocidas plataformas digitales.
Los lugares preferidos para cometer los hurtos serían las localidades de Kennedy, Engativá y Bosa, en el sur y occidente de Bogotá. Las investigaciones dan cuenta que cuando el conductor llegaba al lugar para atender la carrera, los procesados, al parecer, intimidaban con armas de fuego a los conductores, los hacían bajar y los abandonaban en la vía, luego huían en los vehículos hurtados.
El monto de los hurtos que les son atribuidos a Los Peliños alcanzaría los 216 millones de pesos. La Fiscalía imputó a los implicados como presuntos responsables de los delitos de hurto calificado y agravado, concierto para delinquir y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego. Ninguno de los capturados aceptó cargos.
Fueron privados de la libertad: Jorge Eduardo Castro Ramos, Juan Alexander Montero Bohórquez, Valery Estefanía Molano Suárez, Jonathan Manuel Contreras Davis, Angie Marisol Molano Esquivel, Oscar David Álvarez Otálora, Fabián Leonardo Ramírez Rodríguez, José Iván Poveda Silva, Cristian Daniel Galeano Martínez.
La Fiscalía habla con resultados.
CMR/MAGA/AM/MCRC
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
