Otros dos funcionarios del Centro de Servicios Judiciales de Cali quedaron en libertad pero siguen vinculados a la investigación.
Un juez Penal Municipal de Cali (Valle del Cauca) dictó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar de residencia en contra de Ricardo Estrada Morales, juez Noveno de Familia, a quien la Fiscalía le imputó cargos por los delitos de cohecho propio y prevaricato por acción.
La misma medida judicial cobijó a Fanny Trujillo, administradora de bienes, supuesta responsable de los punibles de daño informático y cohecho por dar u ofrecer; y a Luis Alfonso Ospina Noy, empleado del Centro de Servicios Judiciales de Cali, imputado por daño informático y cohecho propio.
Por decisión el juez de control de garantías, Jonier Sánchez Rojas, secretario del Juzgado Primero de Familia investigado por concusión, y Óscar Alejandro Sandoval, ingeniero del Centro de Servicios Judiciales procesado por daño informático y cohecho, quedaron en libertad y seguirán vinculados al caso. La Fiscalía apeló la determinación e insistió en medida privativa de la libertad.
Estas cinco personas son investigadas por presuntas alteraciones a un proceso de sucesión testamentaria.
La denuncia por las supuestas irregularidades fue recibida durante la jornada Bolsillos de Cristal que se cumplió el 31 de agosto de 2017, en la capital del Valle. En su momento, el Fiscal General de la Nación recibió el reporte de la supuesta adulteración de trámites de sucesiones en los juzgados de familia de Cali , que daban cuenta de un supuesto cartel de funcionarios de la Judicatura que harían exigencias económicas para direccionar indebidamente los repartos e incidir en el sentido de los fallos.
Los hechos investigados y en los que estarían involucrados los hoy procesados están relacionados con un testamento que los hijos y la cónyuge de un hombre que había fallecido reclamaron ante la Notaría 14 de Cali. Durante este proceso de sucesión se constató que el patrimonio estaba a cargo de Fanny Trujillo, quien fue nombrada como administradora; así los señala un acta firmada por el dueño de los bienes antes de su muerte.
Al parecer, esta mujer habría acudido a la oficina de reparto judicial y logró que dos trabajadores judiciales, Óscar Alejandro Sandoval y Luis Alfonso Ospina, aparentemente alteraran la asignación del caso para que fuera enviado directamente al juez Noveno de Familia, Ricardo Estrada Morales, con el propósito de que el funcionario judicial lo asumiera y rechazara las pretensiones de los herederos.
Sin embargo, al querer quedarse con el trámite de la demanda, el juez habría solicitado a la notaría la entrega de proceso, pero este ya estaba resuelto a favor de las cónyuge y los hijos del hombre fallecido.
Durante las indagaciones, la fiscal de conocimiento estableció que Jonier Sánchez Rojas, secretario de otro despacho de familia en Cali, habría solicitado entre 400 y 600 millones de pesos a los herederos, a cambio de garantizarles que se quedarían con el testamento.
La Fiscalía publica esta información por considerarla de interés general.
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