El Juzgado Séptimo Penal Municipal de Valledupar (Cesar) impuso medida de aseguramiento restrictiva de la libertad contra cinco funcionarios de la dirección de tránsito de Valledupar y dos particulares.
Las siete personas fueron imputadas como presuntos responsables de delitos como: concierto para delinquir agravado, concusión, cohecho impropio, cohecho por dar u ofrecer, prevaricato por omisión, falsedad en documento público y falsedad material en documento público. Ningún de los procesados aceptó los cargos.
Los hechos habrían ocurrido entre 2016 – 2020 cuando los funcionarios se habrían concertado con particulares para, presuntamente, omitir su deber de ingresar y actualizar la información en el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), además de motivar la caducidad de contravenciones y de sanciones.
Los particulares serían los encargados de captar potenciales usuarios a quienes les ofrecían servicios relacionados con en trámites de traspasos, despignoración, duplicados de licencias de tránsito, duplicados de placas y demás esto, al parecer, a cambio del pago de dinero.
Se calcula que por estas acciones Valledupar dejó de percibir por conceptos de multas derivadas de infracciones al Código Nacional de Tránsito más de 3.000 millones de pesos, entre 2016 y 2020.
Los procedimientos de captura de los procesados estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de investigación (CTI) y fueron cumplidos el pasado 22 de junio.
Los implicados son los funcionarios públicos: Julieta Margarita Hinojosa Daza, Letzzy Carolina González Oñate, Amparo de Jesús Estrada Arias, Margarita Rosa Cartagena Guerra, Odacyr Montenegro González y de los particulares Tatiana Isabel Cuello y William José Redondo Mindiola.
La Fiscalía habla con resultados.
EDH/MAGA/AAPF
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
