Ante un juzgado con funciones de control de garantías de Florencia (Caquetá) se legalizó la captura de Yeison Marín Monroy quien fue capturado el 22 de febrero pasado por funcionarios del CTI de la Fiscalía General de la Nación Seccional Caquetá, y de la Policía Nacional, Sijín.
Así fue como se dio traslado al escrito de acusación contra el implicado como supuesto responsable del delito de hurto calificado y agravado. Los hechos investigados ocurrieron el 29 de enero del año 2020, en el barrio Habbas Turbay la ciudad. Ese día la víctima fue intimidada con un cuchillo para hurtarle su celular y sus elementos personales. El delito no fue aceptado por el implicado.
Las investigaciones dan cuenta de que el implicado hurtaba bajo la misma modalidad a sus víctimas, bajo la modalidad de atraco. De igual manera se da cuenta de que esta persona habría ingresado en distintas oportunidades a varias viviendas.
Al revisar los antecedentes penales del detenido las autoridades reportan que cuenta con tres sentencias condenatorias extintas por delitos similares a los que ahora es judicializado.
Es así como debido a la modalidad y gravedad de la conducta, el fiscal adscrito a la Estructura de Apoyo que lidera la investigación solicitó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, la misma que fue autorizada por el juez.
Estos resultados responden a los lineamientos trazados por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para quien es una prioridad enfrentar con contundencia hechos delictivos que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
PAAM/MAGA/LABB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
