Un fiscal de la Unidad de Estructura de Apoyo de Bogotá, en conjunto con la Dijín, logró la judicialización de dos hombres y una mujer, quienes al parecer conformaban el grupo delincuencial denominado Magdalena.

De acuerdo con lo establecido, Tulia María Duque Cardoso, Óscar Iván Castro Castañeda y Henry Eduardo Gutiérrez Lozano presuntamente se dedicaban a suplantar personal de una entidad del Estado, para realizar de manera fraudulenta contrataciones directas con varias empresas, con el fin de adquirir mercancía, como equipos de cómputo, video beam y pantallas.

Al parecer, los procesados lograron estafar a dos compañías defraudándolas en más de $2.500’000.000, porque estas alcanzaron a entregar los equipos de los contratos, pero gracias a las denuncias interpuestas ante la entidad gubernamental afectada que puso en conocimiento de las autoridades la situación, se frustró la estafa a otras 10 empresas por más de $5.300’000.000.

Durante una diligencia de allanamiento y registro en Bogotá, además de las capturas de las dos primeras personas, se incautaron tres computadores, tres teléfonos celulares y un reloj inteligente. Entretanto, Gutiérrez Lozano fue detenido y judicializado en Ibagué (Tolima).

En audiencias concentradas, el ente acusador les formuló cargos por los delitos de concierto para delinquir, falsedad material en documento público, suplantación de sitio web para capturar datos personales, estafa agravada y acceso abusivo a un sistema informático. Duque y Castro aceptaron su responsabilidad.

Al término de las diligencias, jueces de control de garantías impusieron a los tres investigados medida de aseguramiento.

La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.

LMFO/EPCL/DLBM/MRC.

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.