La Fiscalía General de la Nación a través de un fiscal de la Dirección Seccional Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial Sijín, judicializó a nueve personas por los delitos concierto para delinquir, hurto calificado y receptación.
Los procesados serían integrantes de un grupo delincuencial denominado Yankees, dedicado al hurto de mercancías de una empresa de distribución de artículos importados, en la modalidad de piratería terrestre.
Supuestamente, los conductores y auxiliares eran quienes violentaban los embalajes de la mercancía, proveniente de Canadá en su mayoría, y al parecer se adueñaban de algunos productos que después comercializaban en la localidad de Fontibón.
Se presume que estos ciudadanos hurtaron mercancía, entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, por una cuantía de $500´000.000.
Durante tres diligencias de allanamiento y registro, se hicieron efectivas las órdenes de captura en contra de: Carlos Iván Pachón Gómez, Edgar Fernando Castellanos Gómez, Eduard Arbey Estupiñán Sosa, Cristian Camilo Cruz Rodríguez, Daniel Alexánder Melo Velázquez, Juan David Castro Vélez, Héctor Eduardo Rodríguez Benavidez, Néstor León Pérez Posada y Rubén Darío Castellanos Gómez. Además, se logró la incautación de ocho teléfonos celulares y cinco camiones.
En audiencias concentradas realizadas ante el Juzgado 61 Penal Municipal, con función de control de garantías de Bogotá, ocho de los procesados aceptaron la responsabilidad por los tres delitos endilgados, mientras que Héctor Eduardo Rodríguez, Benavidez, solo admitió el hurto calificado.
Al término de las diligencias, el juzgador les impuso a todos los investigados medidas de aseguramiento privativas de la libertad.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMFO/EPC/DLBM
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
