Un juez con funciones de Control de Garantías de Riohacha (Guajira) cobijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Erick Fabián Jiménez Florián, presuntamente, implicado en el feminicidio agravado de una indígena Wayuu.
Labores de policía judicial como la interceptación a líneas celulares evidenciaron que el hoy imputado, quien se desempeñaba como patrullero de la policía, al parecer, estaría involucrado en la muerte de la mujer, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el pasado 29 de abril en un motel de Riohacha.
El material probatorio recaudado evidencia que el procesado, al parecer, amenazó a la víctima en varias ocasiones con asesinarla, en caso que decidiera terminar la relación sentimental que sostenían.
La evidencia física muestra que el día de los hechos, el imputado salió en varias oportunidades del motel, supuestamente, para contratar un vehículo en el que pretendía sacar el cuerpo sin vida.
Durante varios allanamientos realizados por las autoridades fueron encontradas prendas de vestir que habría utilizado el capturado al momento de cometer el ilícito.
La recolección de videos de las cámaras de seguridad del sector, búsquedas selectivas en bases de datos, testimonios, reconocimientos fotográficos y entrevistas fueron determinantes para que la Fiscalía justificara la pertinencia de la medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los procedimientos de la captura estuvieron a cargo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Sijín en el barrio San Judas Tadeo de la capital de la Guajira.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados
EDH/MAGA/DFHI
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
