Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero  Penal Municipal de Caldas impuso medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de John Edison Zapata Yépes, Jorge Evelio Calderón Hernández y John Alexander Quiroz Múnera, como presuntos responsables del hurto y secuestro de un comerciante, y un núcleo familiar. 

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 23 de junio, en la vía Nicanor entre los municipios de Caldas y Amagá (Antioquia), cuando un comerciante, de 29 años, iba en su camioneta con el mayordomo y su familia, entre ellos dos menores de 2 y 13 años.

Según las investigaciones, las víctimas iban con un acarreo, cuando vieron en la vía un de retén, en el que estaban varios hombres de civil y armados. Allí los obligaron a descender del vehículo y los llevaron en contra de su voluntad a una zona boscosa.

Se presume, que los hoy procesados estando en la zona, intimidaron a las víctimas durante 20 minutos con armas de fuego, les dijeron palabras soeces y amenazaron de muerte. Luego los obligan a entrar más al monte, donde les quitaron los teléfonos celulares y amenazaron con atentar contra los dos niños. Después, se fueron del lugar en el vehículo con los muebles y enceres de propiedad de las víctimas.

Cuando el comerciante y la familia sienten que los hoy procesados no están en la zona, salen a conseguir un teléfono para dar aviso a las autoridades.  Horas después los hombres son capturados en la camioneta, pero los enceres no son recuperados.

Durante las audiencias concentradas, los procesados no aceptaron los cargos imputados por los delitos de secuestro simple agravado y hurto calificado y agravado.   

NAMT/SE/MG

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.