Las sustancias eran trasladadas desde el departamento de Cauca hacia diferentes ciudades del país en vehículos de gama baja, al parecer, para evitar levantar sospechas.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la SeccionalBogotá, judicializó de tres hombres que presuntamente se dedicaban a abastecer redes delincuenciales de microtráfico en la capital del país.
Los delitos que afectan la seguridad ciudadana fueron priorizados en el Direccionamiento Estratégico 2020-2024 del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado. En ese sentido, el CTI de Bogotá logró la captura de Edwin Alberto Vera García, Juan David Quintero Cortez y Arlinson Ferney Lozada Manrique; además incautó 295 kilos de marihuana, dinero en efectivo y dos vehículos, en la vereda San Rafael del municipio de Sibaté (Cundinamarca).
El pasado 14 de marzo, estas personas habrían intentado evadir un retén de prevención del Ejército Nacional Gaula, motivo por el cual fueron interceptados.
Presuntamente, los tres hombres integran un grupo delincuencial dedicado a proveer sustancias estupefacientes al por mayor, desde el departamento de Cauca hacia diferentes ciudades de Colombia.
Se evidenció que, para evitar levantar sospechas, la sustancia era transportada en vehículos de baja gama.
En audiencias concentradas, realizadas por un fiscal de la Seccional de Cundinamarca, se legalizaron las capturas y se formuló imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los investigados admitió su responsabilidad y todos fueron cobijados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.
La Fiscalía General de la Nación habla con resultados.
LMFO/ILGT/DLBM.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
