La Fiscalía General de la Nación obtuvo medida de aseguramiento en centro carcelario contra Franklin Yonay David Hernández, alias Fernando Borracho o Maicol, por los delitos de secuestro extorsivo agravado, homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado. El investigado no se allanó a los cargos imputados.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Vida, los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2020 en el casco urbano del municipio de Girado, occidente antioqueño, donde David Hernández al parecer ordenó y participó en el secuestro de José Manuel Herrera Carvajal y de Carlos Jiménez Jiménez, de nacionalidad venezolana.
El 17 de octubre del mismo año, el cadáver de Herrera Carvajal apareció en una vía pública de la citada población con heridas producidas por arma de fuego. Dos días después las autoridades hallaron el cuerpo de Jiménez Jiménez en el vecino municipio de Cañasgordas.
Los investigadores establecieron que los crímenes fueron ordenados por el Grupo Armado Organizado (GAO) Clan del Golfo, luego de señalar a las víctimas como estafadores.
Se evidenció además que alias Fernando Borracho o Maicol sería el presunto cabecilla de la citada organización criminal, la cual delinque en los municipios antioqueños de Giraldo, Buriticá, Frontino y Cañasgordas.
El procesado fue capturado este 23 de febrero por servidores el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Seccional Antioquia, el Gaula Militar y el Ejército Nacional.
Durante la diligencia fueron incautados 4 millones de pesos en efectivo y 3 celulares.
LFML/AM/MG
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
