Bajo el direccionamiento de un despacho seccional adscrito al Gaula, personal de policía judicial del mismo grupo capturó a Luis Alberto Moreno Londoño, presuntamente responsable del delito de extorsión agravada, cargo que la Fiscalía le imputó al implicado, el cual aceptó por lo que fue enviado a la cárcel como medida de aseguramiento.
Los hechos motivo de esta decisión judicial tuvieron lugar en marzo del año 2016 cuando el indiciado habría cobrado en tres oportunidades dinero producto de extorsiones telefónicas bajo la modalidad conocida como tío-tía. El monto exigido superó el millón y medio de pesos.
La víctima fue constreñida bajo la excusa de que un familiar había sido capturado portando arma de fuego sin documentos y para evitar la supuesta judicialización debían enviarle el dinero para sobornar a la autoridad que lo había detenido.
Una nueva extorsión se dio más adelante, en esa oportunidad para que el caso no saliera a la luz pública, pues decían que la supuesta arma había sido usada para asesinar a un teniente del Ejército. Finalmente, se descubrió que todo era mentira.
Moreno seguirá privado de la libertad en centro carcelario hasta definirse su situación.
Estos resultados hacen parte del Direccionamiento Estratégico del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, que priorizó las investigaciones relacionadas con delitos de impacto como la extorsión y los que afectan la seguridad ciudadana.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
PAAM/MAGA/DMNF
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
