Al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación, el Juzgado Primero de control de garantías cobijó con medida de aseguramiento en cárcel contra María Eugenia Tovar Grijalba.

La mujer fue señalada como presunta determinadora del homicidio de su esposo y educador, Santiago Iván Palao Piedrahita, en hechos ocurridos el 18 de enero de 2016 en zona rural del municipio de Yumbo (Valle del Cauca).

Los hechos materia de investigación ocurrieron en una finca ubicada en el corregimiento Manga Vieja, de propiedad de la víctima, de 70 años de edad. La muerte del educador se produjo cuando el hombre se disponía a cerrar la reja del predio, cuando un sujeto le disparó en varias oportunidades causándole la muerte.

Las labores investigativas, coordinadas por un fiscal seccional adscrito al Municipio Industrial del Valle del Cauca, permitió establecer que la hoy imputada, de 33 años de edad y para la época de los hechos esposa del educador, habría pagado 1.400.000 de pesos para el ilícito.

Según la Fiscalía, Tovar Grijalba, habría contratado a una pareja de esposos, y estos a su vez a otro sujeto, para que concretaran el homicidio.

Integrantes de la Sijin capturaron a Tovar Grijalba en el barrio Antonio Nariño de Cali (Valle del Cauca), con orden judicial.

En las audiencias concentradas la Fiscalía le formuló cargos a la mujer por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, en calidad de determinadora.

Por determinación del juez María Eugenia Tovar Grijalba debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, y será traslada a la cárcel de Jamundí (Valle del Cauca).

Otros capturados

Por los mismos hechos, la Fiscalía vinculó a la investigación a Gustavo Alberto Grajales Isaza, como presunto autor material del ilícito y quien fue capturado en flagrancia el día de los hechos cuando intentó huir de las autoridades en una motocicleta.

En marzo de 2018 las autoridades capturaron con orden judicial a la pareja de esposos: Norbairo Peláez Valencia y Adriana Patricia Gómez Cucaita, en Circasia (Quindío) y La Pintada (Antioquia), respectivamente. A ellos, supuestamente, la esposa de la víctima habría contratado para la comisión del delito.

Tanto Grajales como la pareja de esposos fueron cobijados con medida de aseguramiento intramuros por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones.

Adriana Patricia Gómez Cucaita, en su momento, aceptó los cargos propuestos por la Fiscalía y fue condenada a 17 años y 6 meses de prisión.

Los otros dos sujetos están en proceso de principio de oportunidad.

La Fiscalía General de la Nación hace pública esta información por considerarla de interés general.

MAP/MAGA