Según la investigación, entre 2020 y 2022 la sociedad recibió más de 43 mil millones de pesos por parte de más de 1.700 personas que habrían sido engañadas con supuestos contratos de inversión.
Gracias a la acuciosa investigación de un fiscal adscrito a la Seccional Boyacá se logró la judicialización de Jerson Jair Velandia Suárez, representante legal de una reconocida empresa inmobiliaria y constructora mediante la cual, habría captado el dinero de, al menos 1.731 personas en Boyacá.
Junto con Velandia Suárez, fueron capturados sus padres, Jorge Alexander Velandia Sepúlveda y Martha Nuvia Suárez León; su hermana, Karen Velandia Suárez, y su socio, Eric Alexander Benítez Téllez, quienes harían parte del clan familiar que, presuntamente, estafó a centenares de ciudadanos.
De acuerdo con la investigación, los procesados habrían diseñado un modelo de negocio con el que aparentemente entre 2020 y 2022, recaudaron de manera ilegal $43.822.175.447, mediante ofertas a través de las redes sociales donde se ofrecían jugosas ganancias a quienes invertían en la compra y venta de inmuebles dentro y fuera de Boyacá.
Por estos hechos, el 11 de julio de 2022, la Superintendencia de Sociedades intervino dicha constructora, obligando a sus representantes legales a devolver el dinero de los ciudadanos, sin embargo, según el material recaudado por la Fiscalía, hasta la fecha, los procesados no habrían reparado a ninguna de los afectados.
Ante un juez de control garantías, la Fiscalía imputó a estas personas los delitos de concierto para delinquir, captación masiva y habitual de dineros, y estafa agravada. Los procesados deberán cumplir medida privativa libertad en establecimiento carcelario.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
LMBG/LYBT/LNFR/MRC.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
