La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Juan Carlos Chaverra Chala, alias Zarco o Juanca, quien haría parte del componente financiero de una subestructura del bloque Pacífico Jairo de Jesús Durando Restrepo del ‘Clan del Golfo’. 

Las evidencias dan cuenta de que sería el responsable del cobro de extorsiones a mineros, trasportadores y pescadores en el alto, medio y bajo Baudó (Chocó). Asimismo, estaría involucrado en disputas violentas con otros grupos ilegales por el control de territorios para el tráfico de estupefacientes. 

Alias Zarco fue capturado junto a dos de sus subalternos en una acción operativa de la Fiscalía y la Policía Nacional en Litoral del San Juan (Chocó). En el procedimiento se incautaron de un revólver, tres pistolas, 42 cartuchos de distintos calibres, radios de comunicaciones y 16 celulares. 

En las audiencias concentradas, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales les imputó los delitos de concierto para delinquir agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y fabricación, tráfico, y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos. 

Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida privativa de la libertad en un centro carcelario. Los afectados con la decisión son:  

  • Juan Carlos Chaverra Chala, alias Zarco o Juanca. 
  • José Leiver Córdoba Moreno. 
  • Edgar Murillo García. 

Esta información se publica por razones de interés general. 

La Fiscalía habla con resultados.

 

LMBG/JARG/DECOC. 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.