Se trata de alias Omar, uno de los señalados sicarios de un grupo delictivo responsable de varias acciones criminales en el sur de Bolívar y Cesar.
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización de Omar Enrique Martínez Sampayo, presunto sicario del grupo delincuencial ‘Los Discípulos’, que estaría involucrado en el asesinato de los líderes sociales y defensores de derechos humanos Teófilo Manuel Acuña Ribón y Jorge Alberto Tafur Acuña, ocurrido el 22 de febrero del año en curso, en San Martín (Cesar).

Este hombre habría hecho parte del grupo armado que llegó a un inmueble donde estaban reunidas las víctimas con sus familias, en el corregimiento de Puerto Oculto en San Martín (Cesar), y les disparó indiscriminadamente en varias oportunidades.
Por estos hechos, un fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) imputó a Martínez Sampayo los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones agravado; y concierto para delinquir agravado. El procesado no aceptó los cargos y deberá cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
Teófilo Manuel Acuña Ribón era líder social y dirigente campesino. Se desempeñaba como presidente de la Federación Agrominera del sur de Bolívar y vocero del Congreso de los Pueblos.
Por su parte, Jorge Alberto Tafur Acuña pertenecía a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) y actuaba como vocero de la Comisión de Interlocución del sur de Bolívar, y del centro y sur de Cesar.
Omar Enrique Martínez Sampayo fue capturado en un procedimiento realizado por el CTI de la Fiscalía y el Gaula Militar.
Esta información se publica por razones de interés general.
AMCJ/JARG/AA/UEI/MCR/
La Fiscalía habla con resultados.
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.