La Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz adelanta investigaciones por violaciones graves a los derechos humanos e infracciones a la normativa humanitaria a 4.131 postulados, ex integrantes de autodefensa y a 503 postulados ex integrantes de grupos guerrilleros, para un total de 4.634 personas integradas al proceso previsto por la Ley 975 de 2005.
Con fundamento en la actividad investigativa se ha establecido que el accionar delictivo no solo comprendió la comisión de homicidios, desaparición forzada, desplazamiento forzado, reclutamiento de menores y tortura, entre otros; sino que, los fiscales también han constatado que se perpetraban delitos sexuales contra las mujeres.
Es por tal motivo que en la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz han sido adoptadas varias medidas específicas relacionadas con la investigación de la violencia sexual en el marco del conflicto armado, a saber: a) la consolidación de la información relacionada con hechos de violencia sexual; b) la indagación sobre hechos de violencia contra las mujeres y contextos específicos de violencias, en particular hechos de violencia sexual, en todas las versiones libres y c) la identificación de posibles casos de violencia sexual en las exhumaciones y en la investigación de otros delitos como masacres, privaciones de libertad y desplazamiento forzado, en los cuales la violencia sexual puede estar en conexidad.
Así, la Unidad cuenta con un reporte de 727 casos de violencia sexual contra mujeres ocurridos entre los años 1979 y 2010; de esa cifra, 643 fueron objeto de acceso carnal violento y las demás fueron víctimas de los delitos de actos sexuales violentos y acceso carnal violento en persona protegida, de acuerdo con la base de datos de la oficina de Acción Social de la Presidencia de la República. Estos datos están en proceso de depuración, dado que no todos estos hechos son imputables a los grupos armados organizados al margen de la ley cobijados por la Ley 975 de 2005.
La persecución penal de la violencia sexual en el marco del conflicto armado colombiano constituye una medida de protección de los derechos de las mujeres. Por tal la razón, la Unidad de Justicia y Paz, a partir de denuncias de las víctimas e investigaciones de la Policía Judicial, ha llevado ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz 49 casos de violencia sexual, discriminados así: 9 actos sexuales violentos; 35 casos de acceso carnal violento y 5 casos de prostitución forzada o esclavitud; todos ellos fueron imputados como delitos cometidos en persona protegida, delitos contra el derecho internacional humanitario tipificados en el Código Penal, lo cual implica que han sido tratados como crímenes de guerra, en el contexto internacional del Estatuto de Roma.
La Fiscalía General de la Nación ha desplegado acciones integrales, continuas y coordinadas para avanzar en la garantía efectiva de los derechos fundamentales de las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado y continúa trabajando en la construcción de una justicia sensible al género, digna, eficiente y oportuna. Las capacitaciones a los funcionarios encargados de atender al público buscan garantizar el conocimiento y aplicación del principio de igualdad y no discriminación, con miras a evitar la revictimización. Para tal fin, la Unidad ha capacitado entre los meses de febrero a septiembre del presente año, a 277 funcionarios en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Tal labor ha tenido el apoyo de organismos internacionales y ha estado dirigida tanto a fiscales como a investigadores, para que presten una atención óptima a las víctimas de esos ilícitos. Entre las estrategias previstas a corto plazo para afrontar la problemática están la realización de seminarios de sensibilización a funcionarios de la Unidad y la realización de jornadas de víctimas exclusivas para mujeres agredidas sexualmente. También están previstas versiones libres especiales que aborden únicamente los casos relacionados con la violencia contra las mujeres.
Para cumplir el propósito de darle celeridad a las investigaciones de delitos contra las mujeres, la estructura institucional será adaptada; se está trabajando en el diseño de una subunidad de registro y atención integral a las víctimas del conflicto armado que contará con personal calificado para atender la violencia de género y a víctimas pertenecientes a grupos vulnerables, indígenas, afrodescendientes, niños, niñas y adolescentes. Esta subunidad dará prioridad a los casos de violencia sexual contra los últimos.
En otra faceta de su tarea, Justicia y Paz de la Fiscalía, para alcanzar una reparación integral a las víctimas, creó el 3 de mayo de 2011 una subunidad que ha logrado identificar y ubicar 4.507 bienes. Esa dependencia cuenta con la facultad de adoptar medidas cautelares para garantizar la disponibilidad de las propiedades para su restitución judicial. Igualmente, la Fiscalía ha entregado a Acción Social de la Presidencia dinero en efectivo entregado por los postulados, con destino a la reparación a las víctimas, por un monto de $4.503´343.243.
OTRAS CIFRAS
La unidad Nacional de Fiscalía para la Justicia y la Paz ha iniciado diligencia de versión libre con 2.779 postulados, de los cuales 1.390 están ratificados. Así mismo, hay 1.855 postulados pendientes de comenzar versión libre. Ello significa que la Unidad ha reunido a 3.245 postulados.
Los fiscales de la Unidad también han compulsado 1.159 copias discriminadas así: 476 a políticos, 505 a miembros de la Fuerza Pública y 178 a servidores públicos. De esas 476 copias compulsadas a políticos; 48 lo fueron a concejales; 252 a alcaldes 36 a diputados, 33 a gobernadores, 48 a representantes a la Cámara y 59 a senadores. Con respecto a los integrantes de la Fuerza Pública, los fiscales de Justicia y Paz compulsaron copias a 191oficiales y 57suboficiales del Ejército, 121 oficiales y 128 suboficiales de la Policía, entre otras compulsas.
Los fiscales e investigadores judiciales adscritos a la Unidad de Justicia y Paz han trabajado incansablemente en el esclarecimiento de los hechos y en la recuperación de los restos, incluso poniendo en riesgo sus propias vidas. En torno de la búsqueda de las personas desaparecidas la Unidad ha exhumado 3.451 fosas, ha encontrado 4.267 cadáveres, tiene identificadas de manera indiciaria a 911 víctimas, identificó plenamente 1.616 cuerpos y entregó a las familias restos correspondientes a 1.529 cuerpos. Esto ha hecho posible que las familias, en medio de su inmenso dolor, tengan el consuelo de rendirle un tributo a sus seres queridos.
Del mismo modo, la Unidad de Justicia y Paz ha enfocado su actividad hacia el respeto a las víctimas dentro de las actuaciones procesales, adelantando su registro, informándolas sobre sus derechos y sobre el curso de los procesos. La cifra total de víctimas registradas es de 352.437, de las cuales 28.672 fueron registradas entre el 31 de diciembre de 2010 y el 31 de agosto de 2011. Así mismo, en ese lapso se han transmitido en directo a 134 municipios las diligencias de versión libre. En total se han efectuado 1.890 días de trasmisiones en directo a 535 municipios. Se efectuaron 122 jornadas generales de atención a víctimas durante los últimos ocho meses, en los que se atendieron 17.893 personas. En total, los funcionarios de la Unidad han atendido a 131.588 víctimas en 683 jornadas. Se han realizado 201 jornadas especiales de atención a familiares de desaparecidos, en las que se atendieron 39.807 personas y se han tomado 15.980 muestras biológicas a los familiares.
En lo que toca a los aspectos procesales, los fiscales de Justicia y Paz han presentado escrito de solicitud de audiencia de imputación en contra de 451 postulados. También han presentado escritos de solicitud de audiencia de formulación de cargos para 195 postulados, se formularon cargos a 100 postulados y otros 33 estuvieron en las audiencias de legalización de cargos.
En conclusión, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación han hecho significativos esfuerzos para investigar los hechos de violencia sexual en el marco del conflicto armado y otros delitos cometidos por los postulados, en aras de garantizar la verdad, la justicia y la reparación, como lo indican las acciones y experiencias reseñadas.
