La denuncia de un familiar de las víctimas permitió iniciar la investigación, condenar a los responsables y recuperar a los menores para el restablecimiento de sus derechos.
Las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez de conocimiento de Santa Rosa de Cabal (Risaralda) condenara a un hombre y una mujer quienes, entre 2023 y 2024, torturaron y causaron graves lesiones a dos menores de 4 y 5 años.
Los argumentos del ente acusador hicieron que las dos personas, madre y padrastro de las víctimas, aceptaran de manera libre, espontánea y asesorados por su abogado, su responsabilidad en los delitos de tortura y lesiones personales, ambas conductas agravadas.
Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio San Vicente del municipio de Santa Rosa de Cabal. En una ocasión el menor de los niños fue víctima de quemaduras en sus manos por comerse las uñas. También se constató que uno de los infantes permanecía atado por largos periodos de tiempo, que ambos eran obligados a comer del suelo y de la basura, y a dormir en el piso, entre otros tratos degradantes.
La investigación, liderada por un fiscal de la Seccional Risaralda, estableció que los episodios de violencia eran cometidos por parte del padrastro, en presencia y con la complacencia de la mamá de los niños.
El informe forense elaborado por Medicina Legal determinó que los menores presentaban lesiones y hematomas en varias partes del cuerpo, además de múltiples signos de violencia física y psicológica.
Por esto un juez de conocimiento condenó a 12 años y 6 meses de prisión al padrastro de las víctimas y a 2 años y 8 meses a la mujer, quien fue considerada cómplice de favorecimiento a la tortura. Las sentencias deberán cumplirlas en establecimiento penitenciario.
Esta decisión quedó en firme.
CLCG/MAGA/JMAD/CABS /DSR
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
