La procesada tendría una relación sentimental con la víctima, aprovechándose de ello para ganarse su confianza y así acabar con su vida, al parecer, por hurtarle un dinero.
María José Rondón Ricardo fue enviada a un centro carcelario de Puerto Asís, Putumayo, por una investigación que la Fiscalía General de la Nación le sigue en su contra, por el delito de homicidio agravado del que fue víctima un hombre tras recibir un golpe contundente que acabó con su vida. Los hechos ocurrieron el 8 de agosto del presente año.
La mujer que fue capturada en un trabajo conjunto entre investigadores del CTI de la Seccional Putumayo y la Policía Nacional en el barrio El Jardín, del citado municipio.
Investigaciones preliminares dan cuenta que la procesada, quien no aceptó responsabilidad alguna frente a estos hechos enrostrados por la delegada fiscal, el día de la muerte violenta del ganadero Jaime Tapiero Tique, se encontró con él en un hotel ubicado en zona rural de la ciudad.
Estando allí lo golpearía con un elemento contundente causándole la muerte de manera inmediata. Se tiene que para desviar la atención de las autoridades escribieron con la misma sangre de la víctima en la pared la frase: ‘por sapo’.
Luego de ocurrido el crimen, la hoy privada de la libertad huyó hacia Popayán, Cauca, retornando recientemente a Puerto Asís donde fue interceptada por los investigadores del caso.
Se investigan los móviles del hecho; sin embargo, una de las hipótesis que maneja la Fiscalía está relacionada con que el crimen ocurrió para hurtarle una fuerte suma de dinero.
La Fiscalía habla con resultados.
PAAM/LYBT/ARR/CACB/DSP
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
