Los argumentos presentados por dos fiscales del Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de Cartagena, permitieron que jueces de control de garantías impusieran medidas de aseguramiento en centros carcelarios contra dos hombres, presuntamente, responsables de incurrir en delitos sexuales.

El primer caso ocurrió en el barrio Olaya Herrera de Cartagena donde, al parecer, de manera reiterada un hombre de 55 años habría agredido sexualmente a una sobrina suya, de 13 años. Según la investigación, los hechos se presentaron entre los meses de abril y mayo pasados.
Al parecer, el presunto agresor; quien es hermano de la madre de la víctima, habría aprovechado los momentos a solas con la joven para someterla a vejámenes sexuales; además de obligarla a observar vídeos para adultos.
El procesado fue capturado el pasado 12 de septiembre en Barranquilla (Atlántico), y no aceptó su responsabilidad en los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años; en concurso con el de actos sexuales con menor de 14 años que le imputó la Fiscalía.
Judicializado un médico homeópata
El segundo hecho está relacionado con hechos ocurridos el pasado 16 de abril en un centro de medicina integral ubicado en el barrio San Pedro de la capital de Bolívar. Al parecer, un hombre de 62 años, quien labora como médico homeópata habría aprovechado la vulnerabilidad de una de sus pacientes, de 51 años, para abusarla sexualmente.
Por estos hechos, la Policía Nacional capturó al procesado en el municipio de Ovejas (Sucre). La Fiscalía lo imputó como presunto responsable de los delitos de acceso carnal o acto sexual abusivo en persona puesta en incapacidad de resistir, cargo que fue rechazado por el procesado. Por decisión del juez el presunto implicado deberá permanecer privado de la libertad en su sitio de domicilio.
Esta información se publica por razones de interés general.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.