De acuerdo con el material probatorio, el agresor la asesinó y luego le hurtó 2 millones de pesos que ella guardaba en una alcancía.
Tras avalar el abundante material probatorio recaudado por la Fiscalía, un juez de Medellín (Antioquia) condenó a 37 años y 7 meses de prisión a Juan Pablo Carvajal Paniagua como responsable del homicidio de su exnovia de 15 años.
Los hechos ocurrieron el 18 de agosto de 2021 en una vivienda del barrio San Javier de la capital antioqueña, donde las autoridades hallaron el cadáver de la adolescente. El dictamen de los médicos forenses determinó que la menor falleció por estrangulamiento.
De acuerdo con la investigación adelantada por un fiscal de la Unidad de Delitos Contra la Vida, ese día Carvajal Paniagua llegó al inmueble con el pretexto de limpiar los excrementos de algunas mascotas de propiedad de la víctima. En declaraciones iniciales a la Fiscalía, el hoy condenado manifestó que su expareja había salido a estudiar y que horas después él también abandonó el inmueble.
Sin embargo, durante las diligencias de inspección judicial a la vivienda, servidores del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) encontraron que una alcancía en la que la adolescente había ahorrado 2 millones de pesos había sido forzada. Al hacer los análisis pertinentes, los peritos forenses encontraron huellas dactilares del hoy condenado.
Carvajal Paniagua, de 22 años, fue capturado el 21 de octubre de 2021 en el corregimiento San Antonio de Prado, de Medellín, por servidores del CTI con el apoyo del Ejército Nacional. El hombre fue condenado por los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.
La Fiscalía habla con resultados.
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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
