La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá incrementó el monto de la pena impuesta por un juez penal del circuito de Bogotá, a cinco integrantes de una banda dedicada al asalto de residencias, que contaba con la participación de policías activos.

Ante la apelación que interpuso el fiscal del caso, el Tribunal indicó que le asiste razón a la Fiscalía General de la Nación, ya que el juez no tuvo en cuenta aspectos como la gravedad de la conducta, en cuyo desarrollo participaron la empleada doméstica y un uniformado de la Policía.

Además señala que respecto de uno de los imputados, a este se le endilgó la causal de mayor  punibilidad,  lo cual obligaba a la imposición de una pena mayor.

Con relación a la decisión del juez de devolver las armas a los procesados, el Tribunal indicó que revoca esa posición y por lo tanto ordenó que las armas queden a disposición del Ministerio de Defensa.

El pasado 18 de marzo un juez penal del circuito de Bogotá  condenó  a  11 años y 5 meses de prisión en establecimiento carcelario a César Augusto Rivera Castro; a 8 años y 6 meses al agente de Policía Edison Gutiérrez Ramírez  y a 8 años a Daniel Bustamante Jaimes, Gerson Alexander Ruíz Sacristán y Erika María Méndez Mora.

En su lectura el juez  conminó al agente de Policía  Gutiérrez Ramírez y a César Augusto Rivera Castro, al pago de 8 salarios mínimos mensuales legales vigentes, decisión que el Tribunal no varió.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá modifica el monto de la pena a imponer y condena a Daniel Bustamante Jaimes, Gerson Alexander Ruiz Sacristán y Erika María Méndez Mora, fijando para ellos  9 años y 7 meses de prisión.

Contra el policía Edison Duvan Gutiérrez Ramírez, el Tribunal le impuso la condena de 13 años y 5 meses, mientras que contra el civil César Augusto Rivera Castro, la Sala Penal le impuso 11 años y 11 meses.

En el proceso, el  fiscal les imputó los delitos de  hurto calificado y agravado, en concurso con tráfico, fabricación y porte de armas de fuego agravado, en concurso heterogéneo con utilización de uniformes e insignias de uso privativo de las Fuerzas Militares.

Según el fiscal del caso los hechos por los cuales fueron condenados cuatro hombres y una mujer, tienen relación con lo ocurrido el 5 de abril del 2013, cuando dos hombres utilizando una motocicleta y vistiendo prendas de la Policía Nacional ingresaron a una residencia de la calle 127 con carrera 1°, al norte de la ciudad.

La investigación permitió establecer que los integrantes de la banda lograron ingresar a la residencia, gracias a la ayuda de Erika María Méndez Mora, quien al momento de los hechos  desempeñaba las funciones de doméstica en esa residencia.

Tras ingresar a la vivienda, los integrantes de la banda redujeron a las personas que se hallaban en el lugar, procediendo luego a llevarse 300 millones de pesos en efectivo, 3 mil dólares, un título valor, varios computadores y otros elementos.

El fiscal indicó que gracias a un seguimiento telefónico se pudo establecer que los uniformados hacían parte de la banda, la cual utilizó a la mujer para conocer pormenores de los bienes que poseía la dueña de la casa.

La determinación de  los procesados de  aceptar unos delitos y otros no, obligó  a la ruptura procesal, razón por la cual otros  dos  uniformados que hacían parte de la banda continúan en juicio.

Actualmente los 4 sentenciados se encuentran en la cárcel La Picota, mientras que la mujer se encuentra en el  Buen Pastor.

 

ANM/DLBM