También fueron confirmadas las penas a 9 años de cárcel impuestas a los particulares Iván Darío Bermúdez López; y a 6 años y 8 meses para Carlos Alberto Yepes Macías.
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena confirmó las condenas impuestas a tres personas responsables de desfalcar la alcaldía del municipio de Montecristo (Bolívar), en más de 3.000 millones de pesos. Entre los sentenciados está Atilano Ismael Villadiego Contreras, extesorero de la referida población, a quien se le ratifica los 15 de años de prisión por su responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público.
El fallo afecta además a los particulares: Iván Darío Bermúdez López, condenado a 9 años, y Carlos Alberto Yepes Macías, a 6 años y 8 meses de prisión. Estas dos personas fueron encontradas responsables de incurrir en los delitos de peculado por apropiación.
Los hechos que motivaron la sentencia se registraron en 2015 cuando el Sistema General de Regalías giró 3.025 millones de pesos a la alcaldía municipal. Estos dineros debían ser invertidos en la remodelación del polideportivo, en la construcción de andenes para el corregimiento de Puerto España y en la electrificación del corregimiento de Regenta.
La Fiscalía evidenció que entre octubre y diciembre de 2015 Villadiego Contreras, transfirió 2.000 millones de pesos a cuentas de varios particulares quienes no tenían vínculos contractuales con la administración local. También, se determinó que Bermúdez López y Yepes Macías cumplieron el papel de intermediarios en el retiro de dichos fondos.
A las referidas penas de prisión, el tribunal superior impuso las multas de 2.056’032.544 de pesos al extesorero; mientras que Bermúdez López deberá pagar 1.567’159.520 de pesos y Yepes Macias 180’600.000 de pesos. Las tres personas fueron inhabilitadas para ejercer funciones públicas o celebrar contratos con el Estado.
MEVA/MAGA/YA/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
