Tres personas, señaladas de ingresar violentamente a viviendas para apoderarse de dinero, joyas y objetos de valor, fueron judicializadas por fiscales de la Seccional Cali, y además corrió traslado del escrito de acusación.

En la fotografía aparecen de pie  y esposados entre sí a los presuntos implicados en hurtos a residencias. Entre ellos hay una mujer. A sus extremos hay uniformados de la Policía Nacional. Delante de ellos hay una mesa y sobre ella se aprecian elementos como celulares, relojes, dinero en efectivo, entre otros. Detrás de ellos hay un pendón institucional de la Policía.
Estas personas son investigadas por su presunta participación en hurtos a viviendas, en Cali (Valle del Cauca).

Se trata de Christofer Apolindar Echeverry, María Yenni Salina Ortega, quienes fueron capturados con orden judicial; además de Eduard Aldemar Gallego Sánchez, quien fue notificado sobre el proceso en su contra, en el centro carcelario donde se encuentra recluido.

Estas personas, al parecer, identificaban viviendas donde sus moradores estaban ausentes para de esa manera ingresar violentamente y apoderarse de los elementos de valor.

Los procesados estarían implicados en, al menos, tres hechos delictivos ocurridos entre julio y agosto de 2024 en los barrios Francisco Eladio Ramos, Alfonso Bonilla Aragón y Doce de Octubre de Cali. El monto de lo hurtado superaría los 69 millones de pesos.

El juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía y privó a los procesados de la libertad en centro carcelario. Ninguno aceptó los cargos por el delito de hurto calificado y agravado. 

 

 

 

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.