Elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que jueces de control de garantías judicializaran, en procesos distintos, a tres hombres que estarían delinquiendo en Cartagena y el municipio de Santa Catalina (Bolívar).
Los procesados fueron imputados, de acuerdo a sus aparentes responsabilidades individuales, delitos como terrorismo, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravadas, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Ninguno aceptó los cargos.
Se trata de Roiser Benavides Villadiego, alias Zorrillo, de 27 años, y Francisco Javier Ricardo Labiosa, de 26, quienes fueron capturados en allanamientos realizados por la Policía Nacional, en el barrio 21 de mayo de Santa Catalina.
Durante las diligencias, las autoridades incautaron un arma de fuego, cinco cartuchos sin permisos oficiales de porte, 75 bolsas de marihuana y documentos alusivos al Clan del Golfo. Por disposición judicial, ‘Zorrillo’ deberá cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario, mientras que Ricardo Labiosa lo hará en su lugar de domicilio.
Al centro carcelario de máxima y mediana seguridad en Valledupar (Cesar) fue enviado Alex Figueroa Maza, alias Casandra, de 44 años. Esta persona fue detenida por la Policía Nacional tras un allanamiento en el barrio San José de los Campanos de Cartagena, el pasado 25 de abril. Durante el registro fue incautada una pistola, un proveedor y 40 cartuchos de diferentes calibres, sin salvoconductos y dinero en efectivo.
MEVA/MAGA/NP/KS/EGM/DSB
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
