Un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al ciudadano venezolano Anthony Johan Tobar Ponce León, al igual que los colombianos Antonio Rafael Herrera Escobar y Jhon Fabio Prada Rico, presuntamente responsables de participar en el homicidio de un comerciante mexicano, de 54 años.
Los hechos investigados ocurrieron el pasado 30 de junio en un restaurante del barrio el Poblado de Medellín. Según la investigación, la víctima fue impactada en 8 oportunidades por disparos realizados, al parecer, por uno de los procesados, quien se movilizaba en una moto como parrillero.
La investigación, adelantada por un fiscal del Grupo de Alertas Tempranas de Homicidio de la URI, evidenció que el crimen habría sido perpetrado por Herrera Escobar, de 28 años, quien después del crimen huyó del lugar en una motocicleta.
Tobar Ponce fue capturado en el municipio de Itagüí cuando se movilizaba en una moto. Las otras dos personas lo fueron cerca al peaje de la variante a Las Palmas en el referido automotor.
Al parecer, Herrera Escobar y Prada Rico habrían llegado a Medellín procedentes de Bogotá, mientras que el ciudadano venezolano reside en el corregimiento de San Antonio de Prado de Medellín.
Ninguno de los procesados aceptó su responsabilidad frente a los cargos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o porte ilegal de armas de fuego de defensa personal agravado. Prada Rico, de 43 años, registra numerosas anotaciones judiciales por los punibles de fuga de presos, receptación, hurto calificado y violencia intrafamiliar.
La Fiscalía publica esta información por razones de interés general.
LFML/CM/LMFO/MAGA/DSM
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
