Los tres sujetos fueron capturados en flagrancia en Cartagena y en el municipio de Arjona.

Cumpliendo con lo dispuesto por la Fiscal General de la Nación (e), Martha Janeth Mancera, de contrarrestar con efectividad los delitos que afectan la seguridad ciudadana, fiscales adscritos a la Seccional Bolívar lograron que jueces de control de garantías enviaran a la cárcel a tres hombres por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

En este sentido, una primera decisión judicial afectó a Luis Fernando Pacheco Fuentes, a quien la Policía Nacional le decomiso una pistola calibre 38 sin salvoconducto, el pasado 28 de enero en el barrio La Popa de Cartagena.

Así mismo, fue asegurado Félix Alexander Ramos de Ávila, quien fue capturado el 10 de febrero último en una vía pública del sector del Bronx en el municipio de Arjona (Bolívar) cuando portaba un arma hechiza y municiones calibre 9 milímetros.

En la imagen esta un hombre de pie, con la cabeza agachada, camisilla verde con jean azul, custodiado por dos agentes de la Policía Nacional. Delante de él hay una mesa blanca con el arma incautada.
Félix Alexánder Ramos de Ávila fue capturado por la Policía Nacional en Arjona (Bolívar) portando al parecer un arma de fuego.

La Fiscalía también judicializó a Osneider de Jesús Tarra Arévalo, detenido el pasado 11 de febrero en el barrio Las Margaritas de Arjona, con un arma también de calibre 9 milímetros.

Ninguno de los tres indiciados se allanó a los cargos imputados.

Esta información se publica por razones de interés general.

La Fiscalía habla con resultados.

 

 

MEVA/CFG/ICHS/DSB

 

 

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La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.