Un fiscal de la Seccional Santander judicializó a Mery Luz Hernández López, exsecretaria de Cultura Departamental de Santander; al igual que a Yexica Natalia Ardila Ruiz, supervisora y directora técnica; y Carmen Alicia Serpa de Laguado, supervisora.
Además, fue judicializado Óscar José Serrano Avellaneda, representante legal de la fundación con la cual se suscribió el contrato; y los coordinadores de eventos Diana Soveida Joya Cáceres y William Marcelo Carreño Díaz de la referida entidad.
Las seis personas estarían comprometidas en irregularidades cometidas en la firma de un contrato por 3.138 millones de pesos.
Los investigados deberán responder por delitos como: contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros, falsedad material en documento público, peculado apropiación a favor de terceros y falsedad personal. Cada uno, según posible participación individual en los hechos.
Labores de policía judicial evidenciaron que en 2022 Hernández López implementó el proyecto ‘Cultura Ciudadana Siempre por Santander’ con el que se pretendían promover actividades artísticas en Bucaramanga y su Área Metropolitana. Para esto suscribieron un convenio con la referida fundación, bajo la modalidad de contratación directa.
Análisis contables evidenciaron como los valores facturados, en comparación con los precios por producto mercado generaron un detrimento de 968 millones de pesos.
Los procesados habrían hecho firmar facturas y cuentas de cobro en blanco a los artistas; quienes recibían montos de 100.000 a 400.000 pesos, a pesar de lo cual los documentos eran legalizados con cifras cercanas a los 4 millones de pesos.
También se aportaron certificados de actividades que nunca se realizaron, pero que sí se sustentaron con recibos falsos o con valores desproporcionados.
DRA/MAGA/GT/DSS
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
