La víctima viajaba clandestinamente en la parte trasera de un tractocamión y los jóvenes presuntamente la atacaron con armas cortopunzantes.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a tres adolescentes que estarían implicados en el hurto y posterior homicidio de un hombre que se movilizaba de manera clandestina en un vehículo de carga que transitaba entre Bogotá y Villavicencio (Meta).

El pasado 31 de enero, en inmediaciones de Quetame (Cundinamarca), los jóvenes presuntamente abordaron el tractocamión y, al advertir la presencia de otros dos polizones, los intimidaron con armas cortopunzantes para que les entregaran sus pertenencias.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios recaudados y los videos de las cámaras de seguridad de la concesionaria vial, los dos adultos se resistieron al asalto. Uno fue herido en una de sus piernas; mientras que el otro recibió 17 heridas y fue lanzado a la vía.

Inicialmente, se reportó la muerte como un accidente de tránsito, pero las primeras verificaciones dieron cuenta de que se trató de un crimen. En ese sentido, los menores de edad de 15 y 16 años, que escaparon hacia una zona boscosa, fueron aprehendidos por uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional.

Un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca les imputó los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas.

Los cargos no fueron aceptados por los adolescentes, que deberán cumplir medida de internamiento preventivo en un centro de atención especializada.

ALGO/AMCJ/LCHG/CLMM/FSC/

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.