Según las investigaciones, uno de los procesados habría contactado a la víctima desde el centro carcelario de La Plata.
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control a garantías Wilson Eliecer Sandoval Carrillo, Manuel Fernando Saavedra Lugo, Carolina Durán Villareal y Oscar Duván Quintero Sánchez, quienes estarían involucrados en la exigencia económica de 20.000.000 de pesos a una comerciante de Caucasia (Antioquia).
Una fiscal especializada Gaula de la Seccional Huila les imputó el delito de extorsión agravada. Ninguno de los procesados aceptó los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
De acuerdo con la investigación, se evidenció que Saavedra Lugo, desde la cárcel de La Plata, donde estaba recluido al momento de los hechos, al parecer, contactó a la víctima, a través de llamadas telefónicas, intimidándola con atentar contra ella o su local comercial, si no accedía al pago de la alta suma de dinero.
Labores de policía judicial evidenciaron que Sandoval Carrillo, Durán Villareal y Quintero Sánchez, presuntamente, contactaron a personas vulnerables a quienes les pagaban para abrir cuentas de ahorro en una entidad financiera.
Una vez recibidas las tarjetas y claves, eran entregadas a los delincuentes, quienes, al parecer, retiraron el dinero que la víctima les consignó en 17 transacciones a tres cuentas bancarias.
Uniformados del Gaula de la Policía Nacional capturaron a Saavedra Lugo en vía pública del barrio Guaduales, mientras se encontraba evadiendo una detención domiciliaria. Los otros hombres fueron capturados en los barrios Tres Esquinas, Luis Ignacio Andrade y Siglo XXI de Neiva (Huila). Durante el operativo judicial les incautaron dos celulares.
WAGG/LMFO/AMCJ/MLC/JCFJ/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
