Dos señalados integrantes del grupo delincuencial Los Shotas que estarían involucrados en las exigencias ilegales a los propietarios de un establecimiento comercial en Buenaventura (Valle del Cauca), entre 2021 y 2023 fueron judicializados.
Se trata de Marlon Steven Angulo Angulo y Luis Alexander Rivas Cuesta, a quienes un fiscal seccional les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión, extorsión agravada y secuestro extorsivo agravado.
Los procesados no aceptaron cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.
La investigación estableció que los primeros dueños de la empresa, una pareja de esposos, habría sido intimidada por integrantes de ‘Los Shotas’ que le habrían exigido 300 millones de pesos para permitirles trabajar. Debido a las amenazas contra sus vidas cerró el establecimiento y lo vendió a otras personas.
Posteriormente los nuevos propietarios fueron abordados por hombres armados que les exigieron 50.000.000 millones de pesos. Ante las constantes presiones las víctimas decidieron cerrar de nuevo el establecimiento y dejarlo al cuidado de un administrador.
El material probatorio da cuenta de que los dos procesados en compañía de siete hombres armados, al parecer, retuvieron al administrador, lo amenazaron para que entregara información del paradero de los propietarios y lo trasladaron a otro inmueble, donde habría sido agredido y retenido por varias horas.
La víctima identificó a los dos hombres como los presuntos responsables de atarlo de pies y manos y llevarlo a una vivienda abandonada. Los dos procesados fueron detenidos por funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) con apoyo de unidades del Gaula de la Armada Nacional en sectores del barrio La Campiña.
JGPV/AICR/DSVC/AMCJ/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, y las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
