Elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía General de la Nación permitieron la judicialización de Carlos Eduardo Caicedo Collazos, alias El Indio; Jhonier Yunda, alias Isaza; Juan José Murcia Santofimio y Ángela Cristina Gómez Durán, por su presunta responsabilidad en el hurto a dos ciudadanos en zona céntrica de Garzón (Huila).
Un fiscal de la Seccional Huila les hizo traslado de escrito de acusación por los delitos de hurto calificado agravado, y lesiones personales dolosas. Los procesados no aceptaron los cargos.
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron en noviembre de 2024 en el sector de la glorieta El Caminante, zona rosa del municipio. Las víctimas se encontraban departiendo con amigos cuando conocieron a Gómez Durán, quien, en compañía de otra mujer, les preguntó por su lugar de residencia. Posteriormente, bajo el pretexto de acompañarlos, se habría ganado su confianza.
Durante el trayecto, las víctimas fueron interceptadas por Caicedo Collazos y Yunda, quienes se movilizaban en motocicletas. Al parecer, les cerraron el paso y las obligaron a descender del vehículo.
En medio del hecho, habrían accionado un arma traumática, causándole lesiones a uno de los afectados; posteriormente, les hurtaron una motocicleta, celulares, documentos personales y dinero en efectivo. El valor de lo hurtado superaría los 11 millones de pesos.
Estas personas fueron capturadas en diligencias de allanamiento y registro adelantadas por la Policía Nacional en los barrios La Libertad y Los Nogales, en Garzón.
Por decisión de un juez de control de garantías, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario a Caicedo Collazos y Yunda, mientras que a Murcia Santofimio y Gómez Durán de detención domiciliaria.
WAGG/AMCJ/JCO/DRC/DSH
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
