Las llamadas extorsivas se realizaban desde cárceles del país, mediante la suplantación de supuestos funcionarios de aduanas.
Víctor Alfonso Romero Díaz, Jefferson Andrés Rengifo Vargas y Miguel Andrés Torres Murcia serían los integrantes de una red delictiva señalada de realizar extorsiones mediante la modalidad conocida como falsa encomienda.
Los elementos materiales probatorios obtenidos por la Fiscalía General de la Nación indican que estas personas, junto a privados de la libertad, se habrían articulado para contactar a ciudadanos y hacerles creer que recibirían paquetes enviados desde el exterior. Con este engaño exigían dinero por supuestos pagos de impuestos, sanciones o trámites aduaneros necesarios para las entregas.
Uno de los casos documentados ocurrió el 17 de junio de 2025. Una víctima recibió mensajes en los que le decían que una familiar residente en Estados Unidos le envió una mercancía, la cual superaba el peso permitido. En ese sentido, debía consignar $4’752.000.
Luego de realizar ese pago, el afectado recibió llamadas intimidantes. En una de ellas, un hombre que se identificó como policía advirtió que podría enfrentar problemas judiciales por el contenido de la encomienda, que aparentemente contenía dólares y estupefacientes, y exigía un giro por 90 millones de pesos.
Víctor Alfonso Romero Díaz presuntamente participó en la recepción y retiro inmediato del dinero consignado. Por su parte, Jefferson Andrés Rengifo Vargas habría realizado transferencias a otros integrantes de la red ilegal. Entre tanto, Miguel Andrés Torres Murcia, al parecer, abría cuentas bancarias para acopiar los dineros.
Por estos hechos, un fiscal Gaula les imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de extorsión y extorsión agravada. Los cargos no fueron aceptados por los investigados.
Esta información se publica por razones de interés general.
JMSV/ LCHG/ DMHS /DECOC/
La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.
