El procesado habría aprovechado el estado de indefensión de la víctima, quien se encontraba compartiendo con unos familiares en un restaurante, para atacarla con arma de fuego.

La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a Alejandro Castañeda Marulanda, alias Loquillo o Conito, por su presunta responsabilidad en el ataque armado en el que murió la concejal de Obando (Valle del Cauca), Mileidy Yurani Villada González. Los hechos se registraron el pasado 7 de mayo, en un establecimiento comercial del municipio.

De acuerdo con la investigación, el hoy procesado habría llegado al lugar a bordo de una motocicleta y, tras identificar a la víctima, la atacó con un arma de fuego en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Posteriormente, abordó nuevamente el vehículo y huyó del sitio.

La evidencia recolectada da cuenta de que este hombre haría parte del grupo delincuencial denominado ‘Los Flacos’, dedicado al tráfico local de estupefacientes, hurto, extorsión, entre otras conductas delictivas, cumpliendo el rol de sicario desde 2025.

Asimismo, se estableció que la víctima había recibido amenazas por parte de este grupo ilegal, que rechazaba su labor en el municipio a través de diferentes comunicaciones.

Actividades de policía judicial, como reconocimientos fotográficos, permitieron identificar a ‘Loquillo’ como el presunto responsable de ejecutar la acción armada.

En ese sentido, una fiscal de la Unidad Especial de Investigación (UEI) le imputó los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir.

Los cargos no fueron aceptados y, por disposición judicial, le fue impuesta medida de aseguramiento en centro carcelario.

 

AMCJ/GXG/NAE/UEI/

 

 

 

La información contenida en este boletín de prensa corresponde a la narración de los hechos noticiosos objetivos, suministrados por los funcionarios encargados de adelantar las investigaciones penales al interior de la Fiscalía General de la Nación. Para el momento de la divulgación de este comunicado, la situación jurídica de la(s) persona(s) relacionada(s) se encuentra pendiente de resolver por la autoridad judicial competente, siempre bajo los preceptos de la presunción de inocencia, consagrados en el artículo 29 de la Constitución Política y el artículo 7º de la Ley 906 de 2004.